A  lo largo de la historia Argentina el sentido y tratamiento de las políticas de migración han ido variando de acuerdo a los gobiernos de turno. Los agentes y las instituciones del Estado han hecho diferentes interpretaciones de los inmigrantes según determinados momentos socio-históricos y contextos específicos.  Además de este análisis hay otros actores que influyen notablemente, como el caso de los medios de comunicación o la mismísima sociedad argentina.
Carmen, la verdulera del barrio, dijo que “los extranjeros no merecen recibir educación, porque les quitan los recursos a los honestos argentinos” a lo que Juan le responde que “es totalmente cierto, además ellos vienen a sacarnos el trabajo”. En algún momento nos hemos topado con semejantes afirmaciones carentes de un verdadero piso argumentativo, entonces, se hace necesario repensar la migración actualmente, desmitificar los  tintes negativos que la rodean y poner en tela de juicio la política migratoria del presente gobierno.
En el año 2003 se sancionó la ley de migraciones en Argentina, en la misma se evidenció una nueva perspectiva sobre las migraciones ya que se le dio un enfoque desde los derechos humanos. Representó un gran avance respecto de la legislación anterior heredada de la última dictadura militar, la ley Videla (1976) que se extendió durante gobiernos democráticos como el de Alfonsín y Menem con ciertas modificaciones pero que finalmente durante el kirchnerismo fue derogada.  Se pasó, entonces, de un enfoque basado en los principios de seguridad, control y represión a otro fundado en la migración como derecho y a los migrantes como sujetos de derecho, es decir se apostó integración e inserción de la migración. Pero hoy esa óptica comenzó a cambiar de la mano del presidente Mauricio Macri, ya que por un decreto se modificaron aspectos significativos, virando de forma fehaciente hacia una política migratoria de corte neoliberal.
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales estos cambios radicales “amplían las causas que permiten la expulsión y detención de migrantes en situación irregular; habilita la revisión de todas las radicaciones otorgadas para quienes tienen antecedentes penales o condenas, sin importar el tipo de delito o su situación procesal; modifica los tramites de expulsión para que sean inmediatas , sin control judicial ni una defensa legal adecuada; elimina la unidad familiar y el arraigo  como condiciones que evitan la expulsión”.
Por lo tanto, varias organizaciones de derechos humanos y comités denunciaron las medidas implementadas por este decreto afirmando que es un “retroceso para los derechos de las personas migrantes ya que su único objetivo parece ser el de una poderosa herramienta de control social por fuera de la ley donde las personas migrantes pobres serán las más expuestas”.
En el marco de las políticas implementadas por “Cambiemos” (coalición encabezada por el PRO y la UCR) como, los incipientes aumentos de los servicios públicos como gas y electricidad, la flexibilización laboral, la quita de planes de ayuda económica a estudiantes, el endeudamiento, el bajo crecimiento de la industria nacional etc; los sectores más pobres de la sociedad son un blanco fácil para el avasallamiento de los derechos y entre ellos los de los migrantes quienes sufren constante discriminación y exclusión, por el solo hecho de pertenecer a otro país.
Durante el gobierno Menemista la figura del migrante, y en especial el proveniente de los países limítrofes, era tomada como un problema social, su representación como “ilegal” sirvió de pretexto para explicar la dura situación por la que atravesaba el país que no había sido más que el resultado de las políticas de ajuste estructural. Este accionar era enmascarado por los medios hegemónicos que atacaban impunemente a los inmigrantes bolivianos, peruanos y paraguayos en los titulares, construyendo una imagen negativa y estereotipada de los mismos.
La perspectiva actual no hace más que desviar la discusión lejos de una verdadera política de migración que profundice en la inclusión y trabaje en la protección de los derechos de los más desprotegidos. Así mismo crea en el imaginario social una visión negativa sobre los inmigrantes apoyada, no sólo por un gobierno neoliberal, sino en mitos reflejados en la opinión pública manejada en parte por los medios masivos de comunicación.
Compartí el Epicentro!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Posted by Melisa Fozzatti